Advertencia de EE. UU. sobre Perú pone en alerta al turismo y a las comunidades
Lima. El Departamento de Estado de EE. UU. elevó la advertencia para viajar a Perú a nivel 2, citando riesgos por crimen, disturbios, terrorismo y secuestros. La alerta, según la nota oficial del Departamento de Estado, se concentra en zonas fronterizas y no incluye áreas turísticas como Cusco y Machu Picchu, según confirmó nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías.
La comunicación de Washington ha encendido alarmas en un sector que todavía trata de recuperarse tras la pandemia. El mensaje es claro: “tener mayor precaución”, especialmente en tramos fronterizos donde el Estado reconoce retos para controlar el flujo de grupos armados y redes delictivas. El Departamento de Estado fundamenta su decisión en reportes sobre ataques a infraestructura, presencia de bandas y episodios de violencia en territorios limítrofes.
En la capital, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú reaccionó llamando a la calma y ofreciendo canales de información para viajeros. Sin embargo, dirigentes del sector turístico y pequeños empresarios consultados por nuestro corresponsal dicen sentir el efecto inmediato: cancelaciones de reservas, miedo en guías y prestadores de servicios, y preocupación por cómo se informan estos riesgos en el exterior.
La excepción explícita de Cusco y Machu Picchu es un alivio para muchos. Hoteles, guías y comunidades que dependen del turismo cultural y arqueológico subrayan que la advertencia no afecta su actividad directa; aun así, reconocen que la percepción internacional pesa. “La advertencia pinta un país inseguro en términos generales, y eso reduce visitas incluso a lugares seguros”, explica un guía de turismo de la ciudad imperial, en conversación con Francisco Zacarías.
Desde una perspectiva social y política, la alerta estadounidense expone un problema estructural. No se trata solo de patrullas y operativos: la violencia en zonas fronterizas tiene raíces en la marginalidad, el abandono estatal y la economía ilícita que se alimenta de esa ausencia. Adoptar medidas de seguridad sin políticas públicas de inclusión y desarrollo es, en palabras llanas, tapar un hueco con una mano.
¿Qué implica en la práctica para quien planea viajar a Perú? La recomendación del Departamento de Estado invita a evitar áreas fronterizas y a extremar precauciones en manifestaciones o disturbios. Para destinos turísticos masivos, las autoridades peruanas insisten en protocolos de seguridad y en coordinación con operadores. Aun así, expertos en turismo advierten que la prevención debe combinar información clara, seguros adecuados y estrategias de promoción que destaquen zonas seguras y responsables.
El aumento de la advertencia también pone sobre la mesa la responsabilidad del Gobierno. La ciudadanía demanda más transparencia en cifras sobre criminalidad, mejor coordinación entre fuerzas policiales y fiscalía, y políticas sociales que reduzcan la atracción de economías ilegales. Desde la óptica de centro izquierda, la solución pasa por reforzar la presencia del Estado en salud, educación y empleo en las regiones más vulnerables, junto a un esfuerzo real por garantizar seguridad ciudadana.
En el plano económico, la caída de turistas afecta a microempresas, familias de guías, artesanos y el comercio local. Muchos en el sector piden campañas internacionales que expliquen que Perú no es homogéneo y que destinos como Cusco mantienen condiciones seguras y protocolos sanitarios y de protección.
Mientras tanto, la mirada internacional seguirá midiendo riesgos y respuestas. El Departamento de Estado ha enviado una señal; la tarea ahora es que las instituciones peruanas demuestren con hechos que pueden reducir la inseguridad sin sacrificar derechos ni estigmatizar comunidades. Nuestro corresponsal Francisco Zacarías continuará el seguimiento desde Lima, escuchando a autoridades, operadores turísticos y a la gente que vive de la hospitalidad peruana.