Tope a la gasolina frena alza, pero golpea finanzas de Hacienda
La medida contenía el alza en las bombas, pero a costa de miles de millones en pérdidas para Pemex y presión sobre el presupuesto público.
Seis meses después de que el gobierno aplicara un tope al precio de la gasolina para contener la inflación y evitar que las familias pagaran más en la calle, la factura ya muestra grietas que difícilmente se verán en una factura: Petróleos Mexicanos (Pemex) ha registrado pérdidas por alrededor de 10,541 millones de pesos en ese periodo, lo que equivale a 57.3 millones de pesos diarios, según cifras de la propia empresa.
La medida surtió efecto inmediato en el bolsillo de la gente: las gasolineras dejaron de trasladar al consumidor aumentos que venían empujados por los precios internacionales y la depreciación del peso. En barrios y centros de trabajo, conductores y repartidores respiraron aliviados. Pero ese alivio tiene un costo público. La pelota ahora está en Hacienda: el subsidio implícito al precio pone en riesgo partidas presupuestarias y complica metas de ingresos y déficit.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enfrenta un dilema claro. Mantener el tope protege la demanda y el poder adquisitivo en el corto plazo, pero erosiona los ingresos de Pemex y reduce recursos que federal y estatales podrían usar en salud, educación o inversión social. Reducir el tope, en cambio, reintroduciría presión inflacionaria que golpearía sobre todo a las familias de menores ingresos. Es un empate que paga el erario.
Economistas consultados por este diario advierten que la política de precios fija, sin compensaciones focalizadas, es una muleta costosa. «Si el objetivo es proteger a quienes más lo necesitan, hay instrumentos más eficientes que un tope general», señalan, refiriéndose a transferencias directas o subsidios focalizados a sectores vulnerables que no penalicen la salud financiera de Pemex ni del Estado.
Mientras tanto, en la práctica cotidiana la medida tiene efectos mixtos: pequeñas empresas que dependen del transporte reportan alivio en sus costos de operación, pero proveedoras de servicios públicos y programas sociales podrían ver atrasos si la presión fiscal obliga a recortes. El saldo de 10,541 millones de pesos en seis meses no es una cifra abstracta; significa menos margen para obras, menos recursos para hospitales o educación si Hacienda decide cuadrar cuentas vía ajustes al gasto.
El relato oficial insiste en que la prioridad es la estabilidad de precios y la protección del ingreso familiar. Pemex, por su parte, ha documentado las pérdidas en sus reportes financieros. Pero el periódico mantiene que una política pública no debe resolverse con cambalaches contables: si la solución es temporal, debe venir acompañada de un plan claro para la sostenibilidad fiscal y la transparencia sobre quién asume los costos.
En resumen, el tope a la gasolina ha cumplido su función social inmediata, pero ha dejado tambaleando las finanzas públicas y la capacidad del Estado para invertir en bienestar. La pregunta ahora es si Hacienda y Pemex encontrarán una salida que no obligue a elegir entre mantener precios bajos y sostener servicios públicos esenciales. La respuesta marcará la dirección económica del país en los próximos meses.