Maestros disidentes denuncian uso de grupos de choque en gira de Sheinbaum por Oaxaca
Maestros disidentes de Oaxaca acusaron al gobierno estatal de emplear grupos de choque durante la reciente gira de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, una denuncia que volvió a encender la conflictiva relación entre el magisterio y las autoridades. La alerta llegó a través de un desplegado de la asociación magisterial, que señaló que personas ajenas a las manifestaciones habrían sido organizadas para confrontar a docentes y simpatizantes.
La Secretaría de Gobernación estatal respondió al desplegado negando haber fomentado la confrontación y subrayó que se mantiene abierta al diálogo. En un comunicado oficial, la dependencia afirmó que cualquier operativo de seguridad se condujo con apego a la ley y con la finalidad de proteger a las personas asistentes a los actos públicos.
La acusación reproduce viejas tensiones. En Oaxaca, la presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) —especialmente la conocida Sección 22— ha sido un termómetro de la conflictividad social durante décadas. Para buena parte de la ciudadanía, ver a maestros y autoridades enfrentados en días de gira presidencial convierte una visita institucional en un escenario de confrontación que empaña reivindicaciones legítimas sobre educación y condiciones laborales.
¿Qué está en juego? Para los docentes disidentes, la denuncia no es solo sobre seguridad: es sobre la capacidad de protestar sin ser agredidos y sobre la autonomía de un movimiento que exige mejores condiciones para escuelas y comunidades. Para el gobierno estatal, la prioridad pública es garantizar la seguridad de la agenda oficial y evitar incidentes que afecten la percepción de gobernabilidad.
La situación añade un costo político inmediato. Si se comprueba que hubo financiamiento o logística estatal para armar grupos que confronten a la población, la credibilidad del gobierno se vería erosionada tanto en la esfera local como en la nacional. Si no hay pruebas, la sospecha seguirá siendo combustible para nuevas protestas y para la polarización de una agenda que debería centrarse en mejorar las escuelas y la enseñanza.
Organizaciones de derechos humanos y académicos han recomendado en otras ocasiones que las protestas se atiendan con políticas públicas y mecanismos de diálogo, no con criminalización ni con fuerzas parapoliciales. En ese sentido, el propio anuncio de la Secretaría de Gobernación estatal de mantenerse abierta al diálogo debería acompañarse de pasos tangibles: mesas públicas, actas verificables y la investigación clara de cualquier denuncia de violencia.
Los ciudadanos comunes sienten el impacto en lo cotidiano: cierres viales, incertidumbre en las comunidades educativas y la sensación de que la política se juega por fuera de las instituciones. Una visita presidencial debería traducirse en anuncios concretos para la educación, la salud y el desarrollo local, no en escenas de choque que recuerdan a tiempos en que la protesta social fue respondida con mano dura.
En lo inmediato, toca a la autoridad estatal aclarar, con evidencia y no solo con comunicados, qué operativos se desplegaron, quiénes los integraron y bajo qué mandato. También corresponde a los líderes magisteriales presentar pruebas de sus acusaciones para que no se conviertan en simples consignas que radicalizan a la opinión pública.
La llave para bajar la tensión sigue siendo el diálogo serio y verificable. Como bien reconoció la Secretaría de Gobernación estatal, mantener la mesa abierta es necesario; darle contenido y reglas claras es urgente. De otra manera, Oaxaca corre el riesgo de seguir siendo laboratorio de confrontaciones en las que quienes pierden son siempre los mismos: niñas y niños que necesitan escuelas bien equipadas y maestros con condiciones dignas para trabajar.
Fuentes: desplegado de la asociación magisterial; comunicado de la Secretaría de Gobernación estatal.