Por qué el 19 de septiembre no es una maldición y sí una lección para México
Un análisis de las coincidencias históricas, las causas geológicas y lo que falta en políticas públicas para reducir el dolor cuando tiembla la tierra.
El 19 de septiembre quedó marcado en la memoria colectiva mexicana por dos sacudidas que se cobraron miles de vidas: el sismo de 1985 y el de 2017. Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el primero fue de magnitud 8.1 y provocó un desastre en la Ciudad de México y otras entidades. El segundo, de magnitud 7.1, ocurrió exactamente 32 años después y dejó alrededor de 369 fallecidos a nivel nacional, según cifras oficiales. Estas cifras y registros están disponibles en el SSN y en reportes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que han estudiado ambos eventos.
Que dos terremotos intensos caigan en la misma fecha es, en gran medida, una coincidencia. La razón por la que México tiembla con relativa frecuencia tiene nombre: la placa de Cocos se hunde bajo la placa Norteamericana frente a la costa sur del país, una danza tectónica que genera energía sísmica constante. La UNAM y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) lo explican con datos y mapas: la mayor actividad sísmica se concentra en el sur y suroeste del territorio, y la Ciudad de México sufre un efecto amplificador por asentarse sobre antiguos lechos lacustres.
Pero la ciencia sola no explica por qué el 19 de septiembre aterra tanto. La historia social y la política pública tienen un papel decisivo. En 1985 fue la organización vecinal la que, en ausencia de respuesta eficaz, levantó escombros y rescató a sobrevivientes. Ese impulso ciudadano cambió la conciencia nacional y dio origen a mejoras en normatividad y en la red de monitoreo sísmico. Sin embargo, el sismo de 2017 dejó al descubierto fallas persistentes: incumplimiento de normativas de construcción, supervisión institucional insuficiente y una desigual protección que afecta sobre todo a barrios populares y escuelas públicas.
Desde 1985 se han aprobado códigos de construcción más estrictos y se creó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), cuya existencia ha sido clave para salvar vidas, según reportes de CENAPRED y de las autoridades de Protección Civil. Aun así, las revisiones post-2017 documentadas por académicos de la UNAM y organismos civiles señalan que la prevención requiere algo más que alertas: inversión sostenida en vivienda, regulación rigurosa contra la corrupción en obra pública y programas de rehabilitación estructural para edificios vulnerables.
Hay también una dimensión simbólica que tensiona la fecha. Desde 1986 se estableció el ejercicio nacional de simulacro el 19 de septiembre. En 2017 la coincidencia entre la hora del simulacro y el temblor real se volvió trágicamente irónica. Esa coincidencia impulsó debates urgentes: ¿sirven los simulacros si no se traducen en presupuesto y acción? ¿Se garantiza la seguridad de las escuelas y hospitales cuando ocurren recortes o mala ejecución de obras?
Más allá del pánico ritualista, la respuesta tiene que ser práctica y democrática. Las lecciones son claras y vienen de fuentes como CENAPRED, SSN y la UNAM: fortalecer la infraestructura pública y privada, priorizar la vivienda digna, transparentar los contratos de construcción y apostar por la educación comunitaria en protección civil. También es imprescindible municipalizar recursos y capacidades: la prevención funciona mejor cuando el gobierno local tiene herramientas técnicas y presupuestos para inspeccionar y reparar.
La memoria ciudadana —esas brigadas vecinales de 1985 y la solidaridad de 2017— sigue siendo un activo valioso. Pero no basta con recordar. La política pública debe acompañar esa solidaridad con decisiones concretas: fondos permanentes para el refuerzo de escuelas, sanciones efectivas contra la mala construcción y un plan de atención prioritaria para las comunidades más pobres. Organismos internacionales y la academia, como la UNAM, han mostrado modelos, pero sin voluntad política y presupuesto las recomendaciones quedan en buenas intenciones.
El 19 de septiembre no es una maldición del calendario. Es un recordatorio: la geografía nos sitúa en una zona sísmica, pero el grado de tragedia depende de las decisiones humanas. Si México quiere que esa fecha deje de aterrar, la prioridad debe ser proteger a la gente más que al lucro inmobiliario, garantizar cumplimiento de la ley y empoderar a las comunidades para que no sean siempre las que tapen los huecos que deja el Estado.