Romero declara 47 mdp en bienes y atribuye el patrimonio a salarios, herencias y créditos
Al director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero, le aparecieron en su declaración patrimonial inmuebles y cuentas por un valor aproximado de 47 millones de pesos, según la información registrada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y revisada por este medio. La aparición de esos bienes ocurrió después de que el funcionario se vio obligado a transparentar su situación patrimonial.
En su declaración, Romero atribuye el origen del patrimonio a ingresos lícitos: sueldos y prestaciones acumuladas por años de servicio en la esfera pública, rendimientos financieros, la venta de algunos bienes y transmisiones por herencia, además de créditos bancarios contratados en años anteriores. Esos detalles están consignados en la documentación presentada ante la SFP, fuente consultada por este reportaje.
Para quienes hacen fila en las oficinas de Infonavit esperando un crédito para la casa propia, 47 millones de pesos suenan a otra economía. Ese monto equivale al ahorro y al préstamo de cientos de familias. Por eso la transparencia no es un trámite administrativo: es la manera en que la ciudadanía verifica que quienes manejan programas de vivienda no acumulen ventajas que afecten la equidad en el acceso a un derecho básico.
La declaración de Romero abre preguntas claras: ¿coinciden los valores reportados con avalúos fiscales? ¿se descontaron de forma adecuada deudas y obligaciones? ¿hubo alguna transmisión de bienes con ventajas fiscales? Responder requiere cruces con registros públicos, revisiones de la propia SFP y, en su caso, auditorías de la Auditoría Superior de la Federación para despejar dudas.
Desde una perspectiva ciudadana, la explicación ofrecida por el funcionario es necesaria, pero no suficiente. La práctica política obliga a que los argumentos vayan acompañados de documentos verificables: contratos de compraventa, escrituras, estados de cuenta y comprobantes fiscales. Sólo así se puede distinguir entre una acumulación legítima y una acumulación que plantea conflicto de interés frente a la responsabilidad pública de administrar recursos y programas sociales.
En el terreno político, la situación también tiene costo: erosiona la confianza en las instituciones cuando la percepción general es que los altos cargos se concentran en un pequeño universo con acceso a recursos y beneficios que no están al alcance de la mayoría. El Instituto que encabeza Romero tiene influencia directa sobre millones de trabajadores; la claridad sobre el patrimonio de sus directivos debe ser parte de una cultura de rendición de cuentas.
La Secretaría de la Función Pública figura como la fuente oficial de la declaración; corresponde a esa dependencia, y a la Auditoría Superior, dar seguimiento público y concreto si detectan inconsistencias. Mientras tanto, la ciudadanía y las organizaciones civiles deben permanecer atentas y exigir que los procedimientos de revisión se realicen con rapidez y transparencia.
Este diario consultó la declaración registrada en la SFP y la información proporcionada por la propia institución. La discusión no es sólo quién tiene cuánto, sino cómo se asegura que el manejo de la vivienda para trabajadores no dependa de arbitrariedades ni privilegios.