Silencio de Kast en aniversario del golpe profundiza la polémica sobre la memoria
Han pasado 53 años desde el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. En las calles de Santiago, miles de personas volvieron a encontrarse para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, un episodio que, según la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) dejó más de 3.200 personas asesinadas o desaparecidas, y que la Comisión Valech cuantificó en alrededor de 40.000 víctimas de prisión y tortura. Este año la conmemoración llegó marcada por una decisión presidencial: José Antonio Kast optó por no organizar actos oficiales y pidió mirar hacia el futuro en lugar de «permanecer atados a la historia».
La ausencia de actos del Estado encendió críticas inmediatas de familiares, organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) enfatizaron que la memoria pública no es un rito opcional, sino una herramienta de reparación y garantía de no repetición. Para ellos, suprimir conmemoraciones estatales equivale a relegar al olvido las demandas de verdad y justicia que aún esperan respuestas.
En la otra vereda, simpatizantes del presidente defendieron la postura oficial como un gesto hacia la reconciliación y el avance. Voces afines a Kast argumentaron que insistir en actos que, según ellos, reabren heridas, dificulta la gobernabilidad y la unidad nacional. La lectura es política: mientras unos ven olvido, otros ven el intento de reescribir la agenda pública hacia problemas contemporáneos como la seguridad, la economía y la migración.
El debate no es solo simbólico. Las decisiones sobre memoria impactan políticas concretas: financiamiento a museos y centros de memoria, continuidad de programas de reparación, inclusión del tema en la educación escolar y el impulso a juicios por violaciones a los derechos humanos pendientes. La Comisión Valech y la Comisión Rettig no son meros documentos del pasado; sus recomendaciones han sustentado leyes y ayudas que atienden a víctimas y familiares. Reducir la presencia estatal en las conmemoraciones puede debilitar esas políticas y enviar una señal institucional que muchos interpretan como negacionista.
La escena en Plaza Dignidad y en los cementerios donde se recuerda a los desaparecidos fue de emoción contenida y de reclamos claros: «memoria, verdad y justicia», repitieron familiares y organizaciones. Para quienes sobrevivieron, la memoria funciona como un puente entre lo vivido y las políticas que protegen a la ciudadanía. Borrar ese puente, advierten, es como intentar arrancar páginas de un libro que sigue marcando el presente.
Chile llega a este aniversario con una sociedad dividida sobre cómo mirar su pasado. La tensión entre avanzar y recordar no es nueva, pero la retirada de actos oficiales por parte del Ejecutivo plantea una pregunta concreta: ¿puede una política de olvido convivir con la exigencia de reparación y justicia? Para muchas víctimas y para instituciones como el INDH, la respuesta es no.
Al cierre de la jornada, las voces del recuerdo dejaron una consigna práctica: la memoria no es solo conmemoración, es política pública. Y mientras instituciones como la Comisión Rettig y la Comisión Valech sigan vigentes en el imaginario y la ley, la discusión sobre cómo el Estado asume su responsabilidad seguirá siendo central en la vida democrática chilena.