Sheinbaum anuncia programa carretero de 397 mil millones; persisten fallas en la red
La Presidencia presentó esta semana un ambicioso programa de infraestructura carretera con una inversión pública y mixta de 397,046 millones de pesos, que promete modernizar tramos federales y estatales y reactivar la economía rural. Según la propia Presidencia, la estrategia incluye obras nuevas, rehabilitación y esquemas de participación privada a través de Banobras y la Secretaría de Infraestructura.
Sin embargo, el anuncio llega en medio de reclamos que no son nuevos: usuarios, transportistas y organizaciones civiles señalan que las fallas en la red carretera persisten. La Auditoría Superior de la Federación y reportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han documentado históricamente problemas de mantenimiento, contratos mal supervisados y tramos con baches, señalización deficiente e insuficiente drenaje. Esos mismos problemas, dicen expertos consultados por este diario, reducen la vida útil de las inversiones y aumentan el costo real para la sociedad.
Para una persona que viaja diariamente, la diferencia entre una carretera nueva y una mal mantenida no es un dato técnico: es tiempo perdido, un mayor gasto en combustible y reparación de vehículos, y, en casos extremos, riesgo de accidentes. Comerciantes en municipios del centro y sur del país relatan que las obras inconclusas encarecen el traslado de mercancías y alejan a clientes. En otras palabras, la infraestructura no es solo cemento, es bienestar cotidiano.
El gobierno asegura que el paquete incluye mecanismos de supervisión y transparencia, y que parte del presupuesto se financiará con esquemas mixtos. Pero organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción han advertido previamente sobre adjudicaciones directas y falta de información pública que dificulta el escrutinio ciudadano. La Auditoría, por su parte, ha señalado reiteradamente deficiencias en la fiscalización de obras en años anteriores.
Expertos en transporte señalan una paradoja: destinar grandes sumas a nuevas autopistas sin asegurar mantenimiento sostenido es como empapelar una casa con goteras. La propuesta gubernamental tendrá que demostrar no sólo volumen de recursos, sino procesos claros de contratación, supervisión técnica, participación ciudadana y un plan de mantenimiento a largo plazo para evitar que la inversión se diluya en reparaciones constantes.
La Presidencia y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrán en los próximos meses la oportunidad de traducir cifras en tramos transitables y seguros. Para los municipios y usuarios, el reto es que esas obras se sientan en la carretera y en el bolsillo: reducción de tiempos, menor riesgo y menos gastos ocultos. Mientras tanto, persiste la duda legítima de que sin controles efectivos los 397 mil millones puedan repetirse en historias de obras a medias y parches temporales, según alertan la Auditoría Superior de la Federación y organizaciones civiles.
Más allá del comunicado oficial, la ciudadanía exige un ingrediente que a menudo falta en estos planes: rendición de cuentas visible y participación local real. Si se cumple, el programa podría mejorar la movilidad y la economía regional; si no, sería otra promesa con asfalto sobre grietas viejas.