Propuesta fiscal en la mira: cuándo y cómo podría encarecer tu vida el Paquete Económico 2027
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso el Paquete Económico 2027, una propuesta con la que el gobierno dice buscar más recursos para mantener programas sociales y reducir el déficit. El secretario Édgar Amador Zamora presentó un plan sostenido en cinco pilares: crecimiento entre 1.5 y 2.5 por ciento, protección de programas de bienestar, fortalecimiento de ingresos, gasto más eficiente y bajar el déficit de 4.1 a 3.9 por ciento del PIB. Pero cuando el Estado ajusta cuentas, el ajuste termina por sentirse en el bolsillo de la gente. ¿Cómo y por qué?
Primero, la naturaleza de las reformas: el paquete incluye cambios a la Ley del ISR, a la Ley de Derechos y a la Ley Aduanera, además de medidas contra la evasión y la elusión fiscal —con énfasis en huachicol y empresas factureras— y en favor de la formalización de la economía. Esos objetivos son legítimos: el combate a la facturación falsa y al robo de combustible responde a pérdidas multimillonarias. Lo que falta es claridad sobre quién asumirá el costo de la transición y cómo se evitará que los más vulnerables paguen la cuenta.
La primera vía por la que un ajuste fiscal puede aumentar el costo de vida es el traslado de cargas. Si la reforma de ISR obliga a empresas a pagar más impuestos o endurece obligaciones de cumplimiento, muchas empresas —sobre todo las pequeñas que ya operan con márgenes estrechos— pueden trasladar parte del aumento a precios. Es la mecánica clásica: cuando sube el costo de producir o importar bienes, los precios al consumidor tienden a subir. Es algo que especialistas y cámaras empresariales han señalado históricamente en debates fiscales.
La segunda vía es el efecto sobre los combustibles y el transporte. La lucha contra el huachicol es necesaria para sanear ingresos y seguridad, pero si la estrategia implica cierres temporales de ductos, cierres de estaciones o mayores costos logísticos por sustitución de suministro, el resultado puede ser un alza en precios de gasolina y transporte. Aquí entra la balanza: reducir pérdidas ilegales puede contener presiones inflacionarias a mediano plazo, pero la transición mal planeada puede encarecer la vida en el corto plazo.
Un tercer canal son los derechos y aranceles. Cambios en la Ley de Derechos y la Aduanera pueden aumentar el costo de importar insumos y productos terminados. Para sectores donde la competencia internacional es fuerte, ese incremento se traslada al consumidor. La SHCP busca con esto proteger ingresos y fomentar la producción nacional; sin embargo, sin medidas compensatorias para hogares de bajos ingresos, el ajuste fiscal se vuelve regresivo.
No todo es negativo. Si el fortalecimiento de ingresos proviene realmente de cerrar huecos fiscales —por ejemplo, sancionar factureras y mejorar recaudación sin subir impuestos—, la redistribución podría financiar programas de bienestar, salud y educación, que alivian de forma directa el gasto familiar. Ese es el argumento oficial que el secretario Édgar Amador Zamora ha repetido y que la SHCP sostiene como eje central.
El problema es la incertidumbre. El gobierno habla de proteger programas sociales y de eficiencia del gasto, pero el detalle de las reformas al ISR y los nuevos derechos aún no está abierto a un debate público profundo. Experiencias previas muestran que falta transparencia en el cálculo de impactos por decil de ingreso y en las medidas de compensación para los más pobres. Si la política fiscal no se diseña con progresividad, quienes menos tienen pueden acabar pagando más.
Conclusión práctica para la gente: revisa recibos y precios, exige claridad sobre cómo cambian tus impuestos y servicios, y participa en el debate público. La fiscalidad no es solo números para economistas; es la forma en que una sociedad decide quién contribuye y quién recibe. Instituciones como la SHCP, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el propio Congreso deben ofrecer datos claros y simulaciones de impacto por ingresos. Los ciudadanos y la prensa tenemos la responsabilidad de pedir cuentas y matizar promesas con datos.
La reforma fiscal puede ser una herramienta de justicia social, pero también un mecanismo que, mal calibrado, encarece la vida cotidiana. La diferencia estará en el diseño: medida por medida, transparencia por transparencia, y en la voluntad política para proteger a quienes menos pueden pagar la factura.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); datos y contexto económico referidos por INEGI.