Hacienda propone prohibir el efectivo en sectores: polémica entre control y exclusión
El gobierno federal busca que el Congreso autorice a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a decidir, de manera discrecional, en qué sectores se prohíbe el uso de efectivo. La iniciativa, según fuentes oficiales de la propia SHCP, se presenta como una herramienta para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal, pero ya despierta dudas sobre el impacto social y los riesgos institucionales.
Prohibir efectivo suena a medicina contundente contra la economía informal y las redes financieras del crimen. La ventaja anunciada por Hacienda es clara: mayor trazabilidad de pagos, facilidades para la recaudación y control sobre operaciones sospechosas. En palabras sencillas, pasar de una economía hecha de sobres y billetes a otra donde cada transacción deja rastro digital.
Sin embargo, organismos como el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) han mostrado en estudios recientes que millones de personas dependen del efectivo por falta de acceso a servicios bancarios, por costumbres, por barreras tecnológicas o por vivir en zonas rurales. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) también ha advertido sobre los riesgos de exclusión y cobros indebidos cuando la transición no se acompaña de políticas públicas claras.
Imagínese a una vendedora ambulante, a un adulto mayor que recibe pensiones en efectivo o a migrantes que envían remesas: para ellos el billete es la vida cotidiana. Quitar el efectivo sin alternativas sólidas sería como querer regar un jardín con una manguera que aún no llega a las macetas.
Además del impacto social, hay una preocupación política y jurídica. Dar a la SHCP la facultad discrecional para definir sectores implica concentrar un poder regulatorio sin suficientes contrapesos. Especialistas en derecho y organizaciones civiles alertan sobre opacidad, falta de criterios técnicos vinculantes y la posibilidad de medidas arbitrarias que afecten actividades legítimas.
La propuesta pide un debate que no puede limitarse a buenas intenciones. Es necesario presentar cifras: cuántas personas quedarían fuera del sistema financiero, qué costos tendría la digitalización para comercios pequeños, qué salvaguardas de privacidad y competencia se implementarán. El diálogo debe incluir a Banco de México, INEGI, CONDUSEF, cámaras empresariales, organizaciones sociales y representantes de pueblos y zonas rurales.
La digitalización de pagos puede ser un avance en transparencia y eficiencia, pero sin una red de seguridad—bancarización accesible, educación financiera, protección de datos y límites claros al poder discrecional—la medida corre el riesgo de profundizar la desigualdad. El Congreso tendrá la palabra: no es solo decidir si se prohíbe el efectivo en sectores, sino cómo se protege a quienes dependen de él y cómo se evita que una buena intención termine convirtiéndose en una trampa para los más vulnerables.