Reglas en ciudad de méxico ponen en jaque a hospedaje turístico; padrón y límite anual desatan alarma
La reciente propuesta del gobierno de la ciudad de méxico para crear un Padrón de Anfitriones y limitar la operación de alojamientos turísticos al 50% del año prende las alarmas en un sector que ya carga con tensiones por la vivienda y la economía informal. Expertos, anfitriones y vecinos advierten que la medida, pensada para regularizar, podría empujarnos de regresar a un mercado lleno de sombras y fraudes.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el crecimiento de alojamientos temporales en zonas centrales ha cambiado la dinámica de barrios enteros. La Secretaría de Turismo ha celebrado avances en la oferta para visitantes, pero el gobierno local, al promover el padrón, busca controlar usos de suelo, evasión fiscal y la gentrificación. El problema es que la norma del 50% de días finales deja a muchos anfitriones fuera de su principal fuente de ingresos y abre incentivos perversez: anfitriones falsos, alquileres encubiertos y mecanismos para esquivar controles.
Un anfitrión consultado por este periódico relata que, con un límite así, «muchos tendríamos que vender o reconvertir el inmueble». La experiencia internacional muestra riesgos: cuando la regulación es rígida sin canales claros de cumplimiento, crece la economía subterránea. Plataformas como Airbnb han señalado en comunicados anteriores la necesidad de marcos claros y cooperación institucional, pero la implementación es clave.
La política pública es legítima en su intención de proteger el derecho a la vivienda y ordenar la ciudad, pero falla si no considera realidades: personas que complementan ingresos, pequeños prestadores que dependen del turismo cultural y la oferta informal que da trabajo a limpiadores, cerrajeros y proveedores locales. Sin acompañamiento técnico, créditos, incentivos fiscales y ventanas de transición, la norma corre el riesgo de ser letra muerta o empeorar la precariedad.
¿Qué alternativas proponen académicos y asociaciones civiles? Primero, un padrón transparente que facilite inspecciones y cruce de datos con el SAT, pero con plazos y asesoría para regularizar. Segundo, cuotas diferenciadas por tipo de alojamiento, evitando castigar a quien hospeda ocasionalmente. Tercero, sanciones focalizadas en fraudes y plataformas que no colaboren, junto con campañas de denuncia ciudadana.
La discusión no es técnica: afecta el bolsillo y el barrio. Como apunta la secretaría de desarrollo urbano, ordenar la ciudad debe proteger vivienda y comercio local. Si la regulación se convierte en un arma arrojadiza contra microemprendedores, habrá que exigir ajustes y participación ciudadana. Los vecinos, los anfitriones y las autoridades tienen que evitar que la cura sea peor que la enfermedad.
El reloj corre. El gobierno de la ciudad de méxico debe transparentar los criterios del padrón y el tope anual, mientras que la ciudadanía y actores como la Secretaría de Turismo y el INEGI necesitan vigilancia y datos públicos. Sin eso, la norma puede terminar alimentando la misma precariedad que pretende resolver.