LeBarón pide unión; confrontar a Estados Unidos sería un desastre para Chihuahua
Miembros de la familia LeBarón, cuyo activismo contra la violencia en el norte del país se volvió emblemático tras la masacre de enero de 2019, volvieron a encender el debate público sobre la seguridad y la política en Chihuahua. En declaraciones a La Jornada, un activista del colectivo sostuvo que “es importante hermanarnos para cada vez tener más paz” y calificó de “cacería de brujas” las iniciativas que buscan bloquear las aspiraciones políticas de personas con doble nacionalidad.
La advertencia no es retórica: Chihuahua es una entidad fronteriza en la que lazos familiares, económicos y comunitarios cruzan la línea con Estados Unidos. Confrontar a Washington o cerrar canales de cooperación policial y migratoria tendría efectos directos en la vida cotidiana de miles de familias que dependen del comercio transfronterizo, las remesas y la coordinación en seguridad.
El recuerdo de 2019 sigue vigente. El atentado que dejó a varias mujeres y menores de la familia LeBarón entre las víctimas puso sobre la mesa la incapacidad de instituciones para garantizar seguridad en regiones estratégicas. Reportes en medios como BBC documentaron entonces la magnitud del dolor y la exigencia de justicia. Hoy, sin embargo, la demanda de justicia no se traduce en añoranza por la confrontación internacional, sino en llamados a retroalimentar la cooperación y fortalecer capacidades locales.
La discusión sobre la doble nacionalidad y la participación política forma parte de un contexto más amplio: ante propuestas que pretenden limitar la elegibilidad de candidatos con ciudadanía extranjera, activistas denuncian que se está desperdiciando talento y agravando la exclusión. Para comunidades con vínculos binacionales, estas medidas significan separar a vecinos, a líderes comunitarios y a aspirantes que conocen de primera mano las dinámicas transfronterizas.
Políticas que apelen al nacionalismo reactivo pueden ofrecer titulares, pero suelen empeorar problemas reales. Si México reduce el intercambio de información, la coordinación en aduanas o la cooperación policial, los carteles y las redes criminales encontrarán más espacios para operar. En términos económicos, una ruptura abrupta aumentaría costos para productores locales, encarecería la vida fronteriza y pondría en riesgo empleos ligados al comercio y al turismo binacional.
No todo es condena: la crítica de LeBarón, según La Jornada, tiene un tono constructivo. El activista apuesta por hermanarnos, por reforzar programas de prevención de violencia, por invertir en justicia y servicios, y por diseñar acuerdos de seguridad que respeten soberanías pero que no sacrifiquen la cooperación práctica. Ese enfoque —más diálogo, menos postureo— busca traducir la indignación ciudadana en soluciones tangibles.
Desde una perspectiva de centro-izquierda, la lección es clara: la seguridad no se consigue con retórica antiestadounidense ni con vetos a aspirantes con doble nacionalidad. Se logra fortaleciendo instituciones, castigando la impunidad, invirtiendo en comunidades afectadas y manteniendo canales de cooperación internacional que benefician la paz y la economía local. La familia LeBarón, que ha sufrido la violencia en carne propia, lo recuerda no para polarizar, sino para pedir que se priorice la vida y la convivencia por encima de símbolos y exclusiones.
La discusión continúa en Chihuahua y en la agenda nacional. La pregunta para gobernantes e instituciones es si escucharán a quienes viven la frontera a diario y si serán capaces de transformar la ira en políticas públicas eficaces, equitativas y sostenibles.