Auditoría detecta desfalco de 282 mdp en acapulco durante la gestión de abelina lópez
Acapulco, Guerrero. Un informe reciente de la Auditoría Superior de la Federación revela irregularidades por 282 millones de pesos en el gasto del ayuntamiento de Acapulco, durante la administración de la morenista Abelina López, y enciende las alarmas sobre el destino de recursos públicos destinados a servicios básicos y seguridad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documenta una cadena de anomalías en contrataciones, comprobación de obra pública y manejos presupuestarios que, según el informe, impiden verificar el uso correcto del dinero público. Esa cifra no es solo un número: es obra pública sin evidencia, contratos cuyas facturas no cuadran y partidas que dejaron de destinarse a lo que se prometió a la gente.
Para los habitantes de Acapulco, el problema es tangible. Familias y comerciantes que dependen del turismo sienten la fragilidad de servicios como alumbrado, limpieza y mantenimiento de vialidades; organizaciones ciudadanas señalan que ese vacío presupuestal termina traduciéndose en calles en mal estado, menor seguridad y pérdida de confianza en las instituciones.
Fuentes consultadas por este diario señalan que la ASF ha remitido observaciones a las instancias competentes para que se aclare, sancione y, en su caso, recupere el dinero. Al cierre de esta edición, las autoridades municipales no habían entregado a este medio una respuesta completa sobre las observaciones detalladas en el informe.
El descubrimiento plantea preguntas sobre el control interno en la administración pública: ¿cómo se aprobaron expedientes con fallas tan graves? ¿Qué papel jugaron las contralorías y las áreas de compras? La respuesta no puede ser solo técnica: exige rendición de cuentas y reparación efectiva del daño.
Los efectos políticos y sociales ya se perciben. Para la ciudadanía, además del perjuicio económico, está el golpe a la legitimidad de un gobierno que prometió combatir la corrupción. Desde una perspectiva constructiva, especialistas invitados a opinar sugieren medidas claras: auditorías transparentes, cooperación con las instancias judiciales, publicación de contratos y conciliación con la sociedad civil para priorizar la recuperación de servicios esenciales.
Este caso es una llamada de atención sobre la necesidad de supervisión ciudadana y mecanismos que impidan que el dinero público termine en un laberinto burocrático. Como escribe la propia lógica cívica: si la caja pública es una casa común, hoy tiene un agujero que requiere reparación inmediata y, sobre todo, responsabilidades claras.
Fuente: Auditoría Superior de la Federación.