Gobierno y CDMX se unen en el Centro de Alerta Nacional para acelerar búsquedas de desaparecidos
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desembarcaron esta semana en el recién activado Centro de Alerta Nacional (CAN). El objetivo declarado por el Gobierno federal y la SSC-CDMX es claro: reducir el tiempo de reacción en casos de desaparición mediante tecnología, coordinación interinstitucional y una atención permanente.
Según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), México arrastra una crisis de desapariciones que supera las seis cifras; en ese contexto, la puesta en marcha del CAN promete integrar georreferenciación, cruces de bases de datos y protocolos de alerta inmediata con fiscalías y colectivos. En el acto, la Secretaría de Seguridad señaló que la plataforma permitirá “activar búsquedas en minutos” y compartir información entre instancias locales y federales.
La primera pregunta es práctica: ¿esto realmente cambia la vida de las familias que buscan a sus seres queridos? Colectivos de búsqueda y activistas han recibido con prudente optimismo el anuncio, pero recuerdan problemas crónicos señalados por la propia CNB: información fragmentada entre fiscalías estatales, escasez de peritos forenses y retrasos en la identificación de restos. El CAN puede acelerar la alerta, pero no sustituye a laboratorios forenses ni a equipos en el terreno, apunta un integrante de uno de esos colectivos.
El aterrizaje de Harfuch aporta un componente operativo: la experiencia en la coordinación policiaca en la capital. No obstante, su figura genera división. Para el Gobierno federal su presencia refuerza la capacidad de reacción; para organizaciones civiles, debe acompañarse de compromiso con derechos humanos, transparencia y protocolos claros para evitar prácticas que revictimicen.
Los avances técnicos anunciados incluyen sistemas de geolocalización y tablero único de seguimiento, según la SSPC. Eso puede marcar la diferencia en las primeras horas tras la denuncia, cuando la ventana para hallar con vida a una persona es más amplia. Sin embargo, la efectividad dependerá de la adhesión real de fiscalías estatales, del financiamiento para brigadas de búsqueda y de la capacitación de personal, recuerda la Comisión Nacional de Búsqueda.
Hay también riesgos: concentrar información sin garantías de acceso y fiscalización puede reproducir opacidad. Colectivos piden acceso ciudadano a los indicadores del CAN y mecanismos para que las familias cuestionen decisiones operativas. El reto es técnico y político: integrar datos es útil, pero solo si la institución que los maneja es confiable.
En términos concretos, lo que buscan Rosa Icela y Harfuch es acelerar la logística de respuesta, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y dar una señal pública de acción frente a decenas de miles de casos abiertos. Para que esa intención se traduzca en resultados tangibles se necesitan recursos para peritajes, responsabilidades sancionatorias cuando hay negligencia y, sobre todo, una relación respetuosa y permanente con las familias afectadas.
La apuesta del Gobierno federal y la SSC-CDMX puede reducir tiempos y mejorar la interacción entre bases de datos, pero no resolverá por sí sola la deuda histórica con los desaparecidos. Como advierte la Comisión Nacional de Búsqueda y lo repiten los colectivos, la tecnología es una herramienta; la prioridad sigue siendo la voluntad política para financiar y profesionalizar la búsqueda, y abrir las puertas a la fiscalización ciudadana.