Sánchez evita culpar a Marruecos pese a un informe policial que cuestiona la versión oficial
El presidente insiste en la falta de «pruebas sólidas» sobre una planificación marroquí de la avalancha en Ceuta, mientras la Policía Nacional habla de menor presencia de agentes en la frontera.
Pedro Sánchez defendió ayer en el Congreso la postura del Gobierno ante la crisis migratoria que sacudió Ceuta a finales de julio: no hay, dijo, «pruebas sólidas» que permitan asegurar que Marruecos planificó u organizó la entrada masiva de personas. La comparecencia se produjo después de que un informe de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso EFE, apunte a una menor presencia de agentes marroquíes en la frontera en los días previos al éxodo.
La tensión diplomática no solo tiene aristas técnicas; tiene efectos humanos y políticos. Para muchas familias en Ceuta, la llegada repentina de miles de personas reabrió heridas de convivencia y puso de manifiesto la fragilidad de los servicios sociales locales. Para los migrantes, en su mayoría menores no acompañados según varios mapas de ONG, supuso una odisea entre la esperanza y la vulnerabilidad.
En su intervención, Sánchez también rechazó las reclamaciones formuladas por ministros marroquíes en torno a la soberanía de Ceuta y Melilla, un asunto que vuelve a tensar una relación bilateral ya de por sí compleja. El presidente pidió no mezclar reclamaciones históricas con hechos recientes y reclamó conversaciones “serias y discretas” entre gobiernos para evitar escaladas que perjudiquen a la ciudadanía.
La oposición, por su parte, exigió claridad y responsabilidad. Desde formaciones conservadoras se ha acusado al Ejecutivo de minimizar la gravedad del episodio y de apostar por la ambigüedad diplomática. Distintas organizaciones sociales y juristas, consultadas por este diario, reclaman que la investigación policial y la actuación administrativa garanticen derechos y transparencia: saber qué ocurrió, cómo se actuó y quiénes fueron los responsables cuando la frontera quedó desbordada.
El informe de la Policía, según EFE, matiza la versión de una coordinación explícita por parte de las autoridades marroquíes, pero no cierra la puerta a una ausencia de control o a políticas que, voluntarias o no, facilitaron el paso. Esa línea gris —entre la acción deliberada y la dejación— es la más peligrosa políticamente: sirve a la polarización y deja a la población fronteriza sin respuestas claras.
En clave práctica, los expertos consultados por este periódico piden dos cosas concretas: mayor cooperación y transparencia entre Madrid y Rabat en materia de control de fronteras y un refuerzo de los recursos en Ceuta para atención social, educativa y sanitaria. Sin estos refuerzos, cualquier debate diplomático quedará desconectado de la realidad cotidiana que viven los ceutíes y las personas que arriban.
La historia de Ceuta vuelve a enseñarnos que las fronteras son más que líneas en un mapa: son comunidades que necesitan certezas y políticas públicas que funcionen. El Gobierno exige pruebas antes de apuntar acusaciones; la sociedad reclama respuestas antes de que la política vuelva a negar la evidencia de sus efectos.
Fuente: EFE, Policía Nacional, comparecencia en el Congreso.