Trump propuso que el Pentágono participe económicamente en el petróleo venezolano
Un nuevo capítulo en la política energética entre Washington y Caracas mezcla diplomacia, negocios y riesgo institucional. Según The Wall Street Journal, el acuerdo petrolero en discusión no solo facilita intercambios: transforma al gobierno de intermediario a inversor, y sería el Pentágono el vehículo para esa participación. Al mismo tiempo, The New York Times recuerda que el empresario venezolano Alejandro Betancourt, pieza clave del pacto, arrastra investigaciones en Suiza y España, aunque no hay sentencias que lo declaren culpable.
La idea de que el Departamento de Defensa obtenga una «tajada» de crudo suena a cambio de cartas en la mesa: por un lado, puede acelerar el flujo de petróleo y reducir tensiones geopolíticas; por otro, abre la puerta a conflictos de interés, opacidad y a la percepción de que lo estratégico se vuelve rentable para instituciones que deberían limitarse a la seguridad. Es como pedirle al árbitro que también cobre la entrada del partido.
Para millones de venezolanos, una reactivación de las exportaciones podría significar más empleo en terminales y refinerías, y quizás ingresos fiscales que alivien servicios públicos deteriorados. Pero sin garantías de transparencia, esos beneficios corren el riesgo de evaporarse en comisiones y contratos opacos. Para ciudadanos estadounidenses, el costo político y fiscal también existe: usar recursos del Pentágono en operaciones comerciales traspasa líneas que tradicionalmente separan defensa y economía.
El papel de Betancourt en el esquema no es menor. The New York Times subraya que su experiencia operando con crudo fue decisiva en su escogencia, aunque su historial de investigaciones remite a la necesidad de mayor escrutinio. En la práctica, elegir a un intermediario con señalamientos judiciales pendientes pone sobre la mesa preguntas sobre diligencia debida, cumplimiento de sanciones y riesgo reputacional para Estados Unidos.
Expertos consultados por los medios advierten que cualquier acuerdo de este tipo requiere supervisión parlamentaria, auditorías independientes y cláusulas claras que protejan a la ciudadanía. Sin esas salvaguardas, lo que se vende como solución diplomática podría convertirse en una privatización encubierta de beneficios estratégicos.
La discusión ya no es solo técnica: es ética y política. Ciudadanos y representantes deben exigir transparencia, informar el destino real de los recursos y garantizar que la normalización de relaciones no signifique normalizar beneficios sin control. Si el petróleo vuelve a fluir, que lo haga para mejorar servicios, salarios y bienestar, no para engrosar bolsillos al abrigo de acuerdos opacos.
Fuentes: The Wall Street Journal, The New York Times.