Violencia de cárteles siembra temor y desgasta la vida cotidiana en Nayarit
La disputa entre grupos delictivos ha dejado amenazas, ejecuciones y una sensación creciente de abandono institucional, advierten autoridades y periodistas
En las últimas semanas la tranquilidad de barrios y pueblos de Nayarit se ha visto fracturada por enfrentamientos entre grupos delictivos que, según reportes de El Universal y Milenio, han escalado desde amenazas públicas hasta ejecuciones selectivas. La Fiscalía General de Nayarit reconoce un repunte en hechos violentos que tiene a familias encerradas en sus casas y a comerciantes reduciendo horarios por miedo a ser víctimas.
Una vecina de Tepic que pidió no ser identificada contó a este diario cómo la escuela de su hijo cerró temprano tras advertencias en redes sociales: “Ya no sabemos si salir a la tienda, ni a la plaza, los niños extrañan jugar en la calle”, dijo. Historias similares se repiten en municipios como Bahía de Banderas y Compostela, donde, según registros periodísticos de Proceso, patrullajes extraordinarios han sido visibles pero insuficientes para recuperar la sensación de seguridad.
Especialistas consultados por La Jornada alertan que la estrategia predominantemente militarizada no ha solucionado las causas profundas del conflicto: impunidad, economía informal y redes de corrupción local que facilitan la disputa por rutas y plazas. La presencia de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha servido para contener episodios, pero no para desarticular las estructuras criminales que operan en la región, según fuentes oficiales.
El impacto económico y social es palpable. Comercios reportan caída en ventas, el turismo en zonas costeras registra cancelaciones y proyectos comunitarios han suspendido actividades. Para muchos, la violencia no es solo un número en un informe, es la pérdida de certezas cotidianas: los abuelos que dejar de cuidar a los nietos, los jóvenes que ven cerrarse oportunidades laborales y los desplazados internos que buscan refugio en familiares.
Autoridades estatales han señalado avances en investigaciones y detenciones puntuales, pero los colectivos de víctimas y organizaciones civiles cuestionan la eficacia y transparencia de esos procesos. Organizaciones como México Evalúa y Fundar, citadas por Animal Político, piden mayor rendición de cuentas y estrategias de prevención que incluyan inversión social en salud, educación y empleo para jóvenes en riesgo.
Ante este escenario, voces locales proponen medidas concretas: fortalecer policías municipales con controles de confianza, abrir canales de denuncia seguros, impulsar programas de empleo juvenil y reconstruir tejido social a través de cultura y deporte. Expertos insisten en que sin una estrategia integral que combine seguridad, justicia y desarrollo, la violencia seguirá reconfigándose como olas que golpean las mismas comunidades.
En Nayarit, la guerra entre cárteles no solo es un problema de seguridad pública; es una crisis que muestra la urgencia de políticas con rostro humano. Como apunta la Fiscalía estatal en sus comunicados, el desafío es grande y requiere decisiones claras hoy para evitar que generaciones enteras crezcan normalizando el miedo.