Corte nacional acorrala a Lenín Moreno por sobornos vinculados a Sinohydro
Veredicto apunta a una red que desvió dádivas a familiares y sociedades
Quito. La Corte Nacional de Justicia consideró probado que, cuando fue vicepresidente de Rafael Correa, Lenín Moreno lideró un esquema para favorecer a la empresa estatal china Sinohydro en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Según la resolución conocida esta semana, la firma asiática pagó dádivas a un círculo de intermediarios que luego distribuyeron esos recursos entre distintas sociedades y personas, incluidos miembros del entorno familiar del exmandatario, como su esposa y su hija. La información consta en la sentencia y en la acusación de la Fiscalía General del Estado, reseñada también por medios como El Comercio y El Universo.
Los magistrados de la Corte Nacional, tras analizar pruebas documentales y testimonios, concluyeron que existió una trama sistemática para asegurar la adjudicación y ejecución de uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos del país. La investigación judicial sostiene que la captación de beneficios no fue un hecho aislado, sino una práctica organizada que mezcló contratos públicos, empresas pantalla y pagos canalizados desde Sinohydro hasta cuentas vinculadas a personas cercanas al poder.
El caso Coca Codo Sinclair, además de su impacto técnico y económico —con sobrecostos y polémicas por la calidad de la obra desde años anteriores—, se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad de la contratación pública frente a intereses privados y externalidades internacionales. La participación de una empresa estatal china sitúa el episodio también en el cruce entre la política interna y las relaciones comerciales con Beijing, un aspecto que la Corte y la Fiscalía tuvieron en cuenta al valorar pagos realizados desde el exterior.
Para la ciudadanía, el veredicto tiene efectos concretos. En primer lugar, plantea la posibilidad de sanciones penales y patrimoniales contra quienes resulten responsables, algo que puede traducirse en decomisos, multas y restricciones para contratar con el Estado. En segundo lugar, reaviva la discusión sobre cómo se fiscalizan grandes obras: auditorías independientes, transparencia en los contratos y controles en tiempo real para evitar que la obra pública sirva para canalizar sobornos.
El pronunciamiento de la Corte Nacional llega en un momento de alta sensibilidad política. Sectores que defendieron a Moreno en su momento sostienen que el fallo puede obedecer a motivaciones políticas; por su parte, organizaciones sociales y partidos de izquierda han pedido que la justicia actúe con firmeza y sin tibiezas. En este punto, la independencia judicial resulta clave para que el fallo sea percibido como imparcial y no como un ajuste de cuentas. La Fiscalía General del Estado, que condujo la acusación, y la propia Corte deberán blindar el proceso ante recursos y posibles apelaciones.
Más allá de nombres y acusaciones, lo que queda patente es el costo social de la corrupción: recursos públicos que deberían mejorar educación, salud o infraestructura se desvían, y la confianza en las instituciones se erosiona. Habitantes de las zonas aledañas a la hidroeléctrica y usuarios del servicio eléctrico son quienes, a la larga, pagan la factura de esa pérdida de recursos y de gobernanza.
La resolución de la Corte Nacional reabre también el debate sobre reformas necesarias. Contraloría General del Estado, organizaciones de la sociedad civil y expertos en transparencia insisten en tres medidas centrales: controles más estrictos en la contratación internacional, mecanismos de protección para denunciantes y mayor seguimiento ciudadano de los contratos. Sin estas correcciones, apuntan, se repetirán los mismos patrones que ahora la justicia busca desentrañar.
La defensa de Lenín Moreno adelantó que utilizará las vías legales disponibles y que apelará el veredicto, un trámite que prolongará el proceso y mantendrá el caso en la agenda pública. Mientras tanto, el país enfrenta la pregunta inevitable: más allá de nombres y episodios, ¿qué lecciones sacamos para que los proyectos públicos sirvan al interés colectivo y no a intereses particulares?
Esta investigación judicial, documentada por la Corte Nacional de Justicia y llevada por la Fiscalía General del Estado, representa un punto de inflexión. Ahora corresponde a las instituciones garantizar que la resolución se traduzca en medidas que recuperen recursos, reparen a las víctimas políticas y sociales, y reduzcan la posibilidad de que se repitan esquemas semejantes.