De la Espriella endurece la política migratoria y deja a venezolanos no regularizados en la incertidumbre
Bogotá. El presidente Abelardo de la Espriella ha asumido un giro firme contra la migración que se traduce en operaciones de control más agresivas y un mayor énfasis en deportaciones administrativas. En la mira están los alrededor de 2,8 millones de venezolanos que, según datos de Naciones Unidas y ACNUR, eligieron quedarse en Colombia tras huir de la crisis en su país. ¿Qué cambia para quienes no pudieron regularizar su situación?
El Gobierno ha anunciado medidas para reforzar los controles fronterizos y agilizar expulsiones de quienes no acrediten residencia regular. Migración Colombia, en comunicados oficiales, habla de “orden y legalidad”; organizaciones de derechos humanos responden con alarma. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido que las deportaciones masivas pueden violar garantías básicas y poner en riesgo a personas con necesidades de protección internacional.
El problema real aparece en la práctica: muchos venezolanos no pudieron acceder a mecanismos como el Estatuto Temporal de Protección o permisos especiales por falta de documentos, barreras digitales, desinformación o costos logísticos. “Trabajaba en la informalidad y no tuve cómo sacar los papeles a tiempo. Ahora vivo con el temor de que me saquen de mi casa”, cuenta, bajo condición de anonimato, una madre venezolana que vive en Cúcuta.
La Defensoría del Pueblo y ACNUR han insistido en que cualquier política migratoria debe combinar control con rutas de regularización realistas y salvaguardas para solicitantes de asilo. En la práctica, organizaciones sociales y clínicas jurídicas locales han visto ya un aumento en solicitudes de amparo y asesoría legal para frenar deportaciones.
El impacto es social y económico: familias separadas, trabajadores del sector informal sin empleo estable, y municipios fronterizos que llevan años gestionando la presencia venezolana como parte de su tejido urbano. Expertos consultados por este diario señalan que restringir masivamente la permanencia sin alternativas de integración solo precariza más a la población y genera costos sociales mayores a corto plazo.
La discusión ahora pasa por dos ejes: si el Ejecutivo ajusta procedimientos para distinguir entre migración irregular y quienes requieren protección, y si el país ofrece vías de regularización accesibles. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones recomiendan procesos claros, documentación temporal y campañas de información en terreno.
La política migratoria de De la Espriella evidencia una tensión clásica: la demanda ciudadana por seguridad y orden frente a la obligación estatal de garantizar derechos. El reto es diseñar medidas que no conviertan a la irregularidad en sinónimo de desprotección. Mientras tanto, millones viven con la angustia de no saber si mañana tendrán que dejar atrás lo que han logrado construir aquí.
Fuentes: Migración Colombia, ACNUR, Naciones Unidas, Human Rights Watch, Defensoría del Pueblo.