Rector confirma ventaja para aspirantes que rindieron examen presencial en la unam
El rector Leonardo Lomelí Vanegas anunció que la universidad aceptó al 60% de los aspirantes que realizaron el examen de ingreso de forma presencial, un dato que llega en medio del escándalo por el uso de inteligencia artificial para responder la prueba virtual. La revelación, hecha por Lomelí en una rueda de prensa institucional, pone el foco en la equidad y la transparencia de los procesos de selección.
Que una proporción tan alta de aceptados provenga del examen presencial no es solo una cifra fría: es una señal de que las modalidades de ingreso no están dando las mismas oportunidades. Para muchas familias, el examen es la puerta a movilidad social; si esa puerta se abre más fácil para quien pudo acudir a un aula, el sistema reproduce desigualdades en lugar de corregirlas.
La controversia sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la prueba virtual terminó por abrir la caja de Pandora. Denuncias de respuestas asistidas por algoritmos y de fallas en los mecanismos de supervisión hicieron que la legitimidad del proceso quedara en entredicho. En este contexto, el dato del 60% alimenta la percepción de un doble estándar: una prueba presencial, con control humano y presencialidad, frente a una virtual que quedó expuesta a trampas tecnológicas.
Desde una perspectiva práctica, la diferencia afecta a aspirantes de zonas rurales, a quienes viven en hogares con conectividad limitada y a estudiantes que dependen de la escuela pública para su preparación. El acceso presencial suele requerir costos de traslado, tiempo y recursos, pero también asegura condiciones de aplicación más uniformes. La virtualidad prometió democratizar el acceso; los hechos muestran que la promesa todavía no se cumple.
La respuesta institucional que propugna Leonardo Lomelí Vanegas, según lo informado por la propia universidad, debe pasar por más que comunicados: requiere auditorías independientes, publicación de datos desagregados y medidas correctoras claras. Sin datos públicos verificables sobre tiempos de respuesta, patrones de error y supervisión, cualquier explicación corre el riesgo de sonar a tapadera.
Hay lecciones concretas que la UNAM y otras universidades públicas deben atender. Primero, reforzar los mecanismos de integridad académica en modalidades virtuales, con auditorías de terceros y protocolos técnicos que reduzcan el margen para el uso indebido de IA. Segundo, ajustar criterios de admisión para que la modalidad de examen no determine en sí misma la probabilidad de ingreso. Tercero, invertir en apoyo a estudiantes con desventaja digital para que la virtualidad no sea una trampa disfrazada de oportunidad.
La crisis también es una oportunidad para repensar la política pública educativa. Si la universidad pública sirve como motor de movilidad social, sus procesos de selección deben ser ejemplares. Como sociedad, tenemos que pedir cuentas y participar en la discusión: un examen de admisión no es un ritual técnico, es una decisión que afecta trayectorias de vida.
La voz de Lomelí y la cifra del 60% obligan a una auditoría de la confianza pública. La UNAM, como institución pública, debe demostrar con datos y acciones que no juega con dos barajas. Mientras tanto, estudiantes y familias reclaman claridad y medidas que garanticen que el mérito y la justicia social sigan siendo el criterio rector de ingreso a la educación superior.