Movimiento ciudadano pide al congreso de Sinaloa convocar al suplente tras atentado
El partido exige que la bancada actúe para garantizar representación y protección, mientras el legislador permanece convaleciente tras recibir impactos de bala.
Movimiento Ciudadano presentó ayer un exhorto público para que el Congreso de Sinaloa llame de inmediato al suplente del diputado agredido, quien continúa en recuperación tras el atentado a balazos que sufrió semanas atrás. La solicitud, difundida por la propia dirigencia estatal del partido, plantea que la ausencia física del legislador no puede convertirse en una ausencia de voz para las comunidades que representa.
La petición llega en un contexto donde la inseguridad política golpea la vida pública: no se trata solo de la integridad de una persona, sino de la capacidad del Congreso para legislar y fiscalizar con representación plena. Movimiento Ciudadano, según su comunicado, responsabiliza a la mesa directiva del Congreso de Sinaloa de tomar una decisión pronta que priorice la salud democrática y la seguridad de la bancada.
Voceros del partido señalaron a este medio que la medida es temporal y busca evitar vacíos en comisiones y sesiones, así como proteger al diputado y a su entorno mientras concluye su recuperación. En el Congreso local no ha habido, hasta el cierre de esta edición, una respuesta formal al llamado; fuentes internas confirmaron a este diario que el tema se discute en pasillos pero enfrenta dudas legales y políticas sobre tiempos y quórum.
La violencia contra representantes públicos tiene un efecto amortiguador en la participación ciudadana: cuando los cargos electos quedan fuera por agresiones, las decisiones públicas se atrasan y la ciudadanía pierde interlocución. Organizaciones civiles y académicos consultados por este periódico han insistido en que la respuesta institucional debería combinar medidas de protección personal con mecanismos claros de suplencia que no dependan de la discrecionalidad política.
El caso, reportado por Movimiento Ciudadano y registrado en fuentes locales, obliga a replantear protocolos de seguridad y de continuidad legislativa en Sinaloa. La ciudadanía merece saber quién la representa y que sus autoridades garanticen no solo la recuperación física de quienes sufren atentados, sino también la continuidad de la representación democrática.