Oposición pide juicio y entrega de Rocha Moya a EU tras nueva licencia
Ciudad de México. La solicitud de una nueva licencia por parte del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encendió la polémica política: líderes de la oposición exigieron medidas drásticas que van desde un juicio político hasta su arresto y entrega a Estados Unidos. Según reportes de El Universal y La Jornada, Jorge Álvarez Máynez, Guadalupe Acosta Naranjo y el empresario Ricardo Salinas Pliego hicieron públicas estas demandas en declaraciones y redes sociales.
Para la oposición, la nueva licencia no es un trámite administrativo inocuo. Álvarez Máynez y Acosta Naranjo han afirmado que se trata de una maniobra para evadir responsabilidades y solicitaron que se active cualquier investigación pendiente. Salinas Pliego, por su parte, fue más allá al pedir su arresto y su entrega a autoridades estadunidenses. Estas posiciones, que mezclan reclamo político y presión mediática, han puesto sobre la mesa preguntas sobre transparencia y el uso de la ley con fines políticos.
Es importante subrayar que, según El Universal, hasta el cierre de esta nota ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía de Sinaloa han emitido comunicados confirmando órdenes de aprehensión relacionadas con Rocha Moya. En democracia la exigencia de rendición de cuentas debe convivir con el principio de presunción de inocencia y los cauces legales establecidos.
Más allá del show político, la licencia de un gobernador tiene efectos concretos en la vida cotidiana. Un permiso prolongado puede afectar la continuidad de programas sociales, la coordinación con autoridades federales en seguridad, y la gestión de recursos en un estado que enfrenta retos en salud y empleo. La ciudadanía no solo observa un conflicto entre partidos; siente el riesgo de que la política interrumpa servicios esenciales.
Si la oposición quiere construir credibilidad deberá apostar por pruebas, no por gritos. Un proceso claro, con investigación técnica y acceso a la información pública, sería la vía para separar acusaciones fundadas de tácticas de distracción. Las acusaciones graves, como solicitar extradición, requieren documentos, órdenes judiciales y cooperación internacional, no solo pronunciamientos en medios.
En este contexto, la responsabilidad recae también en las instituciones: la legislatura estatal debe aclarar la tramitación de la licencia, la Fiscalía corresponde abrir o cerrar carpetas de investigación con base en evidencias, y los partidos deben permitir que la ley siga su curso. Los vecinos de Sinaloa y las familias que dependen de los servicios públicos tienen derecho a respuestas rápidas y transparentes.
Como señaló un analista consultado por La Jornada, la política no es un ring, es la administración cotidiana de derechos y obligaciones. Si la oposición reclama justicia, que aporte elementos y promueva mecanismos institucionales; si el gobierno solicita licencias, que explique el porqué y asegure la gobernabilidad. Solo así se evita que la vida pública se convierta en un incendio controlado que termina por quemar lo que debería proteger.