Rocha Moya recupera fuero en medio de investigación; expertos advierten que Morena tendrá la llave del juicio político
Rubén Rocha Moya reapareció en la escena pública con el fuero constitucional intacto mientras una investigación en su contra sigue abierta, un escenario que para académicos y analistas plantea más preguntas que certezas. Según reportes de La Jornada y Reforma, la posibilidad de iniciar un juicio político dependerá, en buena medida, del respaldo que le dé el partido mayoritario, Morena.
El fuero, más que un escudo jurídico técnico, funciona como una cortina que puede retrasar la rendición de cuentas. Expertos consultados por El Universal señalan que el proceso político no es automático: requiere cuórum, mayoría calificada en determinadas etapas y la voluntad partidista para votar. En otras palabras, el destino de la investigación no lo decide solo la ley, sino también la correlación de fuerzas en el Congreso.
Esto tiene efectos concretos para la ciudadanía. Cuando la política se convierte en ajedrez de mayorías, los asuntos de interés público —seguridad, salud, recursos estatales— terminan dependiendo más del cálculo partidista que de la claridad en las instituciones. Para la gente que vive en Sinaloa, donde los problemas de inseguridad y desigualdad son palpables, la incertidumbre sobre el rumbo del gobierno repercute en servicios y en la confianza en sus autoridades.
Analistas consultados por El Financiero advierten que, si Morena decide proteger a Rocha Moya, el mensaje sería peligroso: reforzaría la idea de que el fuero y los acuerdos políticos priman sobre la transparencia. Si, por el contrario, sectores del propio partido optan por permitir la investigación y el eventual juicio político, abrirían una ruta —aunque tensa— hacia la rendición de cuentas.
La política, en este caso, se parece a una barca en aguas turbulentas: las leyes son el casco, pero quien maneja el timón son las mayorías. La vigilancia ciudadana y la prensa siguen siendo los faros que pueden iluminar el camino. Organizaciones civiles y académicos piden claridad en los plazos, acceso a la información sobre la investigación y que los procedimientos se ciñan al debido proceso, tal como lo reporta La Jornada.
En el fondo está la pregunta que importa para la vida diaria: ¿los mecanismos institucionales funcionan para proteger el interés público o sirven para blindar intereses? La respuesta dependerá de los actos que sigan, de los votos en el Congreso y de la presión social para que la cuenta pública y la justicia no queden en manos de acuerdos discrecionales.