Milei atribuye a grupos proaborto la caída de la natalidad y provoca un fuerte rechazo
El presidente volvió a responsabilizar a movimientos feministas y a la Ley 27.610 por la baja de nacimientos; expertos y organizaciones piden discutir causas reales y políticas públicas.
El presidente Javier Milei afirmó este jueves 20 de agosto que «grupos proaborto» y la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo son responsables de la caída de la natalidad en Argentina, una postura que encendió críticas y protestas de organizaciones feministas, referentes del campo de la salud pública y líderes de la oposición.
Según el mandatario, la menor cantidad de nacimientos tiene efectos directos sobre la economía y agrava la crisis que atraviesa el país. En su discurso responsabilizó a activistas y a la normativa aprobada en 2020, la Ley 27.610, por «hundir la natalidad».
Los datos oficiales y los análisis demográficos muestran una realidad más compleja. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró una reducción sostenida de nacimientos en la última década, con un descenso que se acentuó durante la pandemia. Sin embargo, organismos internacionales como la División de Población de Naciones Unidas y el Banco Mundial sitúan esa tendencia en un contexto global: menor fecundidad vinculada a cambios socioeconómicos, mayor acceso a la educación y al trabajo femenino, urbanización y condiciones económicas inciertas.
Expertos en salud reproductiva consultados por este diario señalan que la despenalización del aborto en sí no explica por qué las personas deciden tener menos hijos. «La decisión reproductiva está influida por la estabilidad laboral, el costo de la vivienda, la calidad de los servicios de cuidado y la inserción femenina en el mercado laboral», explica un demógrafo que participa en estudios citados por el Ministerio de Salud.
Organizaciones como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito rechazaron las declaraciones de Milei y las calificaron de estigmatizantes. Desde movimientos feministas subrayaron que responsabilizar a quienes reclaman derechos reproductivos es una forma de desviar la discusión de las políticas públicas necesarias para sostener a las familias.
La polémica también abrió un debate sobre el rol del Estado. Mientras Milei apunta a culpas culturales y sociales, grupos técnicos y movimientos sociales exigen políticas concretas: inversión en primera infancia, guarderías públicas, licencias parentales ampliadas, acceso a vivienda y empleo formal con salarios que permitan sostener un hogar.
Analistas económicos citados por este medio recuerdan que los problemas estructurales —hiperinflación, pérdida del poder adquisitivo y desempleo— son factores que desalientan la formación de familias y la natalidad. «No se trata de una causa única», sostiene un economista que trabaja con indicadores demográficos. «Achacar todo a un movimiento social es una explicación simplista y políticamente rentable, pero socialmente dañina».
La discusión tiene impacto en la vida cotidiana: una baja en la natalidad sin políticas de acompañamiento puede agravar el envejecimiento poblacional y presionar sistemas de salud y seguridad social, pero la solución no pasa por restringir derechos. Lo que piden especialistas y organizaciones es una agenda pública que combine salud sexual y reproductiva, cuidado infantil, vivienda y trabajo digno.
En la escena política la frase de Milei suma tensión. La oposición y varios intendentes ya expresaron su rechazo y reclamaron debate con cifras y propuestas, mientras que movimientos sociales anunciaron movilizaciones y campañas informativas para contrarrestar lo que definen como un intento de estigmatizar a las mujeres.
Fuentes oficiales consultadas por este periódico, incluyendo el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Censos, insisten en la necesidad de abordar los datos con rigor y de diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Para muchos especialistas, la clave está en transformar la discusión: pasar de la búsqueda de culpables a la construcción de soluciones que permitan a las familias decidir en un marco de derechos y con condiciones materiales.
La polémica no solo reaviva viejas tensiones sobre el aborto en la Argentina post-2020, sino que también fuerza una pregunta elemental: si la prioridad es revertir la caída de nacimientos, ¿qué políticas concretas está dispuesto a impulsar el Gobierno para garantizar que las personas puedan formar familias con dignidad? Organizaciones sociales y expertos esperan respuestas que vayan más allá de las consignas.