Crisis en la UNAM por riesgo de masivas ausencias en examen de control
Miles de aspirantes fueron convocados al examen de control presencial después de que se detectaron irregularidades en la prueba de ingreso en línea.
La convocatoria extraordinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para repetir de manera presencial partes del proceso de admisión tiene en alerta a estudiantes, familias y colectivos universitarios. La propia institución reconoció irregularidades en la prueba en línea y ordenó aplicar exámenes de control presenciales, pero la medida podría chocar con la capacidad económica y logística de miles de aspirantes, advierten fuentes de la UNAM y testimonios recabados por este medio.
“Me avisaron con cuatro días de anticipación y vivo en Veracruz; no tengo cómo costear hospedaje ni pérdida de trabajo”, dijo una aspirante que prefirió no revelar su nombre. Casos como este se repiten entre quienes llegaron a la última etapa del proceso pero ahora enfrentan traslado, permisos laborales y riesgos sanitarios que dificultan su asistencia.
Según comunicados oficiales de la UNAM, la decisión responde a la detección de irregularidades en el examen en línea que podrían comprometer la integridad del concurso. No obstante, la solución impuesta —una prueba presencial en sedes concentradas— ha sido criticada por estudiantes y organizaciones civiles por su escasa previsión en equidad y comunicación.
El impacto es múltiple: acceso desigual para aspirantes de zonas rurales y del interior del país, costos adicionales para hogares con bajos ingresos, sobrecarga en sedes omitidas y una sensación general de incertidumbre. Para muchos, la universidad pública se asemeja a una puerta que se cierra por motivos administrativos justo cuando más se necesita apertura.
Especialistas en educación consultados sobre el caso señalan que la falta de protocolos claros para contingencias digitales y la ausencia de mecanismos de ayuda económica revelan un problema estructural. “Si la UNAM detecta fallas en la modalidad en línea debe garantizar alternativas accesibles: aplicaciones de transporte subsidiado, fechas escalonadas, o facilidades para estudiantes con discapacidad”, comentó un experto en políticas educativas que pidió mantener el anonimato.
La convocatoria excepcional también plantea dudas sobre la transparencia del proceso. Colectivos de aspirantes piden la publicación de los criterios usados para declarar la invalidez de la prueba virtual y la apertura de un canal de reclamos con plazos claros. La UNAM ha prometido dar seguimiento a las quejas, según su último boletín, pero la percepción de opacidad persiste entre la comunidad.
Más allá de la logística inmediata, hay un costo social: familias que sacrifican empleo y ahorro para un objetivo educativo, estudiantes que ven retrasar su ingreso o abandonar el intento, y una institución que, buscando proteger la validez del examen, corre el riesgo de erosionar confianza. La situación exige medidas que no sean solo reactivas sino preventivas.
Entre las propuestas que circulan en mesas de trabajo y foros estudiantiles está la realización de auditorías independientes a la plataforma en línea, la habilitación de sedes regionales con apoyo de autoridades locales, y la creación de fondos de emergencia para cubrir transporte y hospedaje. La UNAM, como la máxima casa de estudios, tiene la responsabilidad de equilibrar la rigurosidad académica con la equidad social.
La pulseada está abierta. Mientras la universidad organiza las nuevas fechas, aspirantes y colectivos mantienen la presión para que el proceso sea justo, transparente y sensible a las condiciones de quienes apuestan a la educación pública. La forma en que se resuelva este episodio dirá mucho sobre la capacidad de la UNAM para garantizar acceso y confianza en tiempos de transformación digital.
Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y testimonios de aspirantes.