La nueva ley de aguas aviva el conflicto entre los campesinos y el gobierno de sheinbaum
México se encuentra una vez más en la encrucijada del agua. Con la fecha límite del 15 de diciembre acercándose a gran velocidad, el Congreso mexicano pisa el acelerador para aprobar una nueva legislación hídrica. Impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, esta propuesta no es solo un trámite legislativo; es un detonante que ha encendido un nuevo frente de batalla entre las organizaciones agrícolas y ganaderas y el Gobierno. Es un eco reciente de la disputa por el precio del maíz en octubre, una época en la que los campesinos ya mostraron su fuerza bloqueando carreteras en al menos 20 estados. Ahora, la amenaza es mayor: cierres de vías, empresas y pasos fronterizos si Morena y sus aliados persisten en apresurar el proceso.
Esta no es una discusión cualquiera. Es un debate que toca la fibra más sensible de la vida rural y la soberanía alimentaria del país. El agua no es solo un recurso; es el sustento, la herencia y el futuro de millones de familias mexicanas. La Constitución, desde 2012, mandata garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, una deuda pendiente que esta nueva ley busca saldar. Sin embargo, la manera en que se busca hacerlo y, sobre todo, las voces que parecen quedar al margen, son el corazón del conflicto.
Desde la perspectiva del Gobierno, la iniciativa busca modernizar una ley de 1992 que ha quedado obsoleta ante la creciente escasez, el cambio climático y la necesidad de una gestión más equitativa y eficiente. La visión de Sheinbaum, heredera de una plataforma que prioriza los derechos sociales, enfatiza el agua como un derecho humano fundamental, la lucha contra la corrupción en las concesiones y una gestión sostenible. Se habla de un nuevo paradigma donde el uso doméstico y público tenga prioridad, y donde se invierta en infraestructura para asegurar el abasto y la calidad del líquido vital para todos.
Pero para el campo, las promesas de eficiencia y equidad suenan a veces como campanas de alarma. Los campesinos temen que bajo la bandera de la «gestión sostenible» se escondan cambios profundos que afecten directamente su capacidad de trabajar la tierra. La preocupación central gira en torno a las concesiones de agua. ¿Qué pasará con las que ya existen? ¿Serán revocadas o reevaluadas bajo criterios que los dejen sin el vital líquido para sus cultivos? La historia de México está llena de ejemplos donde los intereses agrícolas son desplazados por los urbanos o industriales, y esta ley, temen, podría profundizar esa tendencia.
El miedo a la centralización es palpable. Dar excesivo poder a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) podría significar que decisiones vitales para comunidades específicas se tomen lejos de ellas, sin comprender las realidades locales, las tradiciones de uso y las necesidades de cada ejido o pequeño productor. La agricultura, especialmente la de subsistencia, no es un lujo; es una necesidad básica para la economía familiar y la alimentación del país. Despojar a un agricultor de su acceso al agua es despojarlo de su trabajo, de su hogar y de su dignidad.
Además, persiste el fantasma de una posible privatización disfrazada. Aunque el Gobierno asegura que la gestión será pública, los detalles de cómo se asignarán los derechos, cómo se financiará la infraestructura y quién tendrá la última palabra en momentos de escasez son vitales. Los campesinos no quieren que el agua, un bien común, se convierta en una mercancía o en un instrumento de poder político. Demandan una verdadera participación, que sus voces sean escuchadas no solo en audiencias, sino incorporadas de forma significativa en la letra de la ley.
Este conflicto no es aislado. Nos recuerda que el agua ha sido históricamente un foco de tensiones en México, desde el norte desértico hasta el sur tropical. La gestión del agua en nuestro país es compleja, marcada por la desigualdad, el desperdicio y la falta de planeación a largo plazo. Una nueva ley es imperativa, sí, pero su legitimidad y éxito dependerán de que logre un equilibrio entre la visión de Estado y la voz de la gente, especialmente de aquellos cuya vida depende directamente de este recurso.
El desafío para el gobierno de Sheinbaum y para el Congreso es mayúsculo: lograr una legislación moderna y justa que garantice el derecho humano al agua para todos, pero que también proteja y potencie la capacidad productiva de nuestros campesinos. Esto solo será posible con un diálogo abierto, sin prisas, donde la prisa legislativa ceda ante la imperiosa necesidad de construir consensos. Es una invitación a la reflexión y a la participación ciudadana, para que el agua, lejos de ser un motivo de conflicto, sea el pilar de un futuro más justo y sostenible para todos los mexicanos.