Oaxaca, Oax. — Nuevos documentos y señalamientos públicos han colocado bajo escrutinio la actuación de diversas instituciones encargadas de la protección de periodistas, luego del asesinato de Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio en San Pablo Etla.
De acuerdo con la información dada a conocer, el comunicador había denunciado amenazas de muerte con anterioridad y buscó la intervención de distintas autoridades para garantizar su seguridad. Sin embargo, tras su homicidio han surgido cuestionamientos sobre la atención que recibieron esas denuncias y el seguimiento que se dio a los mecanismos de protección.
Entre los principales señalamientos destaca la presunta pérdida o extravío de carpetas de investigación relacionadas con las amenazas denunciadas por Leyva Aguilar, situación que habría dificultado el seguimiento de su caso. Asimismo, se informó que existieron gestiones para incorporar al periodista al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque dicho procedimiento no llegó a concretarse antes de su asesinato.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hizo públicos estos elementos y sostuvo que resulta indispensable esclarecer las presuntas omisiones institucionales, además de determinar las responsabilidades que correspondan en caso de confirmarse irregularidades durante la atención de las denuncias presentadas por el periodista.
El asesinato de Alejandro Leyva Aguilar provocó una amplia condena por parte de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, las cuales han insistido en la necesidad de garantizar investigaciones exhaustivas tanto sobre el crimen como sobre la actuación de las autoridades que conocieron previamente las amenazas en su contra.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades ministeriales, mientras diversos organismos y representantes del gremio periodístico mantienen el llamado para que el homicidio no quede impune y se revisen los protocolos de protección dirigidos a periodistas en situación de riesgo.
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